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Análisis - Locomotora frenada

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Hoy, la gran preocupación es la amenaza de paro en Cerrejón. La posibilidad de que los más de 4.000 trabajadores de la mina más grande del país se fueran a la huelga estaba sobre la mesa al momento del cierre de esta edición. El cese de actividades representaría pérdidas diarias por más de $5.400 millones. “Un día de no producción de carbón le representa al país más de $3.000 millones por concepto de regalías que se dejan de percibir”, dice Claudia Jiménez, presidente de SMGE. “La magnitud del impacto de una eventual huelga en Cerrejón podría llevar a que se repitiera lo sucedido en el tercer trimestre del año pasado en el PIB del sector minero como consecuencia de la huelga de Fenoco.

El crecimiento de la minería fue solo 0,5% en ese trimestre, contrastando con casi 20% en el mismo trimestre de 2011”, señala Leonardo Villar, director de Fedesarrollo. Otra gran limitación fue la no aprobación de las licencias ambientales para las ampliaciones en las minas del Cesar, donde operan Drummond, Prodeco y Goldman Sachs, entre otras. Al cierre de esta edición se conoció que la Autoridad Nacional Ambiental (Anla), negó ocho licencias ambientales por no cumplir las exigencias ambientales para la explotación en la zona. Esta determinación retrasará las expectativas de duplicar la producción de carbón de estas empresas mineras. Esta suma de problemas podría llevar a un escenario de reducción de producción y de inversiones en el país. Cerrejón ya metió en el congelador el proyecto que implicaba la desviación del río Ranchería en la Guajira; Cerro Matoso aplazó su proyecto de heap leaching o lixiviación en pila para la extracción del mineral; y CCX está en pleno proceso de reestructuración de su operación en Colombia y se habla de la salida de 70% de sus trabajadores.

El promedio anual de las inversiones registradas en el sector en los últimos cinco años fue de U$2.052 millones. En papel, las inversiones proyectadas hacia adelante son también cuantiosas. Según el Plan Nacional de Desarrollo Minero, Cerrejón expandirá su producción hasta 40 millones de toneladas en 2015, para lo cual ha anunciado inversiones por US$1.300 millones. Drummond espera alcanzar 25 millones de toneladas en 2015, con inversiones superiores a US$1.200 millones. Glencore anunció que sus minas Calenturitas y La Jagua producirán 20,7 millones de toneladas en 2015, con inversiones cercanas a los US$1.500 millones. Finalmente, el proyecto de Vale, vendido a Goldman Sachs, espera llegar a 9,5 millones de toneladas en 2014, después de haber logrado 2,9 millones de toneladas en 2010.

Sin embargo, en el nuevo escenario de bajos precios, de recomposición de la canasta energética y de las dificultades ambientales y jurídicas, la gran pregunta es qué va a pasar con estos planes. “Un mercado de commodities como el del carbón enfrenta ciclos. Los proyectos cuentan con ventanas de oportunidad que se abren y cierran en función del ciclo. De ahí la importancia de adoptar decisiones responsables y oportunas en materia de licenciamiento ambiental. La ventana de oportunidad se nos puede cerrar”, dice Jiménez, de SMGE.

Esta situación llega en un momento clave para el desarrollo del sector, por la expectativa de lo que pase con la ronda minera que entregaría, bajo procesos de selección objetiva, áreas para la explotación de minerales estratégicos, como hoy sucede con hidrocarburos. “El cronograma de la ronda depende de que el Servicio Geológico nos dé la información porque necesitamos tener paquetes. Estamos simultáneamente trabajando en varios frentes: creando los términos de referencia, estableciendo todos los mapas donde está la información clara sobre la viabilidad de las áreas y los procesos que se necesitan para que no pase que alguien se ganó una ronda y no la pudo explotar porque no consiguió licencia o la consulta previa no fue viable. Si nos va bien, para finales del año estamos saliendo a ronda. Tenemos 11 minerales estratégicos, como coltán, o fosfatos de manganeso, entre otros”, dice María Constanza García, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Rezago ambiental


En el mundo entero son evidentes los conflictos en la explotación minera entre los objetivos de desarrollo económico y la protección del medio ambiente. En Colombia estos conflictos son aún más agudos, debido a la incapacidad de la autoridad ambiental para delimitar con precisión las áreas restringidas a partir de estudios técnicos, económicos y sociales.

De acuerdo con el diagnóstico de la UPME, las instituciones ambientales, motivadas por el temor a un descontrolado incremento minero, han reaccionado aumentando el número de áreas restringidas publicadas en el Catastro Minero catalogadas como parques naturales nacionales, sin que estas hayan sido declaradas como tales. La UPME muestra como ejemplo el caso del Parque Natural de las Orquídeas, donde el área de ampliación proyectada supera en 172% la registrada en el Catastro Minero. De acuerdo con la UPME, los instrumentos que se utilizan para delimitar las áreas son muy imprecisos, con mapas a escala donde un milímetro equivale a 1.500 metros. Un cuadrado de un centímetro de lado en estos mapas equivale a una superficie de 22.500 hectáreas. Por todo esto, las fronteras delimitadas se prestan a toda suerte de interpretaciones.

En materia de páramos todavía hay muchas tareas por desarrollar. En el caso de Santurbán, para la exploración de oro, fue necesario delimitar el área de páramo, pero aún persisten dudas. El país no tiene todavía una definición clara del páramo ni su delimitación y la tarea va a tomar al menos tres años. ¿Qué va a pasar entretanto con más de 370 títulos mineros que hoy están en zonas de páramo? Algunos proyectos han hecho trabajos exploratorios y otros se encuentran en procesos de construcción y montaje o, incluso, de explotación. “Hay un problema institucional muy serio, una falta de coordinación entre las entidades del Estado. Lo que el inversionista no entiende es cómo la autoridad minera le otorga un título y luego resulta que, desde el punto de vista ambiental, es imposible recibir autorización para operar. Esto podría abrir la puerta a demandas contra en el Estado, dependiendo del grado de desarrollo que tengan los proyectos”, afirma un abogado del sector.

Decisiones recientes de la Corte Constitucional también han generado nuevas interpretaciones. En el caso de Los Ciruelos, el hotel proyectado en el parque Tayrona, la suspensión de las obras y el pronunciamiento del Ministerio de Ambiente se basó en un reciente concepto de la Corte en el que una licencia ambiental puede ser objeto de modificación, suspensión o, incluso, cancelación cuando se pueden causar daños no previstos en la licencia autorizada inicialmente. Antes de esta decisión la revocatoria de una licencia ambiental solo podía ocurrir cuando se incumplían los términos de esta. Este antecedente abre toda una fuente de incertidumbre para otros sectores, como la minería.

Los problemas ambientales están a la orden del día. Drummond, que produce 27% del carbón del país, enfrenta hoy un grave problema con la autoridad ambiental, después de que una de sus barcazas que transportaba carbón por el Caribe vertiera el mineral en el mar para evitar el naufragio de la embarcación. Además, la empresa omitió reportar inmediatamente el hecho. Al cierre de esta edición se esperaban nuevos pronunciamientos de las autoridades ambientales frente a sus licencias.

Andanada en el Congreso

Ante este panorama, las industrias mineras van a tener que soportar próximamente fuertes ataques desde el escenario del Congreso. Varios senadores, entre ellos Jorge Enrique Robledo, han venido haciendo seguimiento a la prórroga que se le hizo al contrato de Cerro Matoso. “Estamos en desacuerdo con lo que se hizo. Si el Gobierno dice que ese es el ejemplo, estamos muy mal de ejemplos. Si ese contrato se hizo en unas condiciones tan malas cuando todos estábamos pendientes, cómo serán los otros”, afirma Robledo. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las concesiones a multinacionales y la explotación de los recursos naturales han sido siempre bandera en la agenda de los partidos de izquierda y esto no es algo nuevo. Los opositores esperan los pronunciamientos definitivos de la Contraloría y de la Procuraduría para adelantar un debate de control político en el Congreso.

De otro lado, según Robledo, se están analizando algunos proyectos para llevar al Congreso en materia de regalías; volver al impuesto de remesas y generar estímulos para reinvertir utilidades en Colombia; y realizar procesos de transformación en el país. Además, Robledo plantea una vigilancia a la valorización de las acciones de algunas mineras “que se han beneficiado en transacciones y al Estado no le tocó nada”.

Robledo, junto con los congresistas Germán Navas, Alexander López y Maritza Martínez, llevarán al Consejo de Estado un concepto de la Dian que permite a las mineras deducir de la renta lo que paguen por regalías. “Es una gabela que vale $2 billones”, afirma el senador. Para él, el precio del oro está arriba y, aunque el del carbón ha caído, sigue siendo rentable, “más aún en proyectos tan maduros como los de aquí, que ya están amortizados”, añade.

Representantes de las empresas ven con preocupación los nuevos tributos. “En 2011, la carga fiscal promedio del sector fue de 54,4% de la utilidad operativa antes de impuestos, esto es 4,62 puntos porcentuales por encima de la carga fiscal del promedio nacional. Las reformas a las reglas fiscales de 2010, incluyendo la reforma tributaria, la reforma arancelaria y el aumento de los impuestos a los explosivos, entre otras medidas, incrementaron aproximadamente en 6 puntos porcentuales la participación del Estado en la renta que genera el sector. Estos aumentos, y los que podrían causar proyectos de ley como los que se encuentran en discusión en el Congreso, pueden conducir a que el valor presente neto de los proyectos sea negativo. Es un tema muy delicado. El sector ya está en el límite fiscal”, dice Jiménez, de la SMGE.

Aunque es fácil hacer populismo con la minería, algunos analistas, como el economista Andrés Escobar, quien fue subdirector de Planeación Nacional, consideran que el entusiasmo con nuevos tributos para el sector puede ser peligroso. “Colombia no puede repetir la historia del petróleo. En los 80 hubo grandes hallazgos. En los 90 se aumentaron los impuestos y la inversión se fue. Más de diez años después fue necesario volver a hacer competitivos los contratos y la producción volvió. Está bien que paguen impuestos, pero hay que tener en cuenta que si se ponen condiciones demasiado fuertes, Colombia pone también en riesgo hacia futuro el desarrollo de sus políticas sociales en las regiones, cuyos recursos llegan por regalías”, explica Escobar.

De hecho, según cálculos del SMGE, para 2011, minas aportó 16,5% de regalías y en el primer trimestre del año pasado la cifra había bajado a 14,4%.

Este panorama de problemas y dilaciones ya era grave en un contexto internacional favorable, pero ahora se está invirtiendo. Las empresas mineras en el mundo enfrentan fuertes presiones para presentar balances sólidos ante bancos e inversionistas. No es el mejor momento para que Colombia muestre al mundo una estructura institucional minera endeble y apenas a mitad de camino.

Para el ministro Renjifo, este es todo un desafío. Buena parte de las variables que afectan el desempeño del sector están por fuera de su cartera. Renjifo tendrá que hacer gala de sus dotes de conciliador y gerente para reducir las diferencias entre autoridades mineras y ambientales, y mejorar la percepción negativa de la sociedad respecto a esta industria. En el fondo, de lo que se trata es de no matar la gallina de los huevos de oro. Esa es una verdadera prueba de fuego.


Fuente: Dinero.com

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