Francisco Lloreda califica las consultas populares como una grave amenaza para el sector minero.
Doctor Lloreda, explíquenos a los colombianos, en palabras muy simples, si es cierto que nos vamos a quedar sin petróleo y sin gas en cinco años en Colombia.
Si no hacemos algo extraordinario, nos vamos a quedar sin petróleo y sin gas. Hay que impulsar la actividad exploratoria con audacia, para lo cual es fundamental que se supere la incertidumbre jurídica que existe, y que las empresas puedan operar en territorio, porque se ha vuelto muy difícil hacerlo.
Las consultas populares no han aumentado la incertidumbre jurídica sobre muchas oportunidades de exploración y explotación minero-energética?
Las consultas populares son una de las amenazas de la industria, porque a través de ellas han encontrado la forma de poner en jaque al sector. Está amenazada la producción o parte de la producción actual, y también los programas exploratorios que el país tenía previstos.
Pero hasta ahora las comunidades han ganado todas las consultas populares que se han hecho. ¡Y vienen varias más en chorrera!...
Las consultas tienen detrás una serie de factores. El primero: sí existen algunos ambientalistas que parten de una premisa y es que no debe existir industria extractiva en Colombia. Respetable, pero no lo comparto. El segundo: hay quienes están aprovechando la circunstancia para apalancarse o reencaucharse políticamente. Y el tercero: hay quienes tienen un propósito claro y es la estatización de la industria petrolera en Colombia, es decir, que las empresas multinacionales y la inversión extranjera en este sector se vayan. Y terminan aprovechándose del desconocimiento de la gente sobre la actividad petrolera, indicándoles que deben escoger entre petróleo o agua. Cuando ese es un falso dilema.
¿Es realmente un falso dilema? Si yo vivo en un municipio bonito, lleno de árboles y rodeado de montañas, lo peor que puedo imaginar es que llegue una industria extractora de cielo abierto o subterránea que lo vuelva un desierto...
Es que no lo va a convertir en un desierto ni tampoco va a acabar con las fuentes hídricas. Esa es una mentira. Le doy unos datos: los principales usuarios del recurso hídrico en Colombia son la agricultura y la ganadería, que consumen el 57 por ciento del recurso. Les siguen las hidroeléctricas, con el 15 por ciento; el consumo humano, con el 9 por ciento, y la industria petrolera, con el 1,6 por ciento de utilización del recurso hídrico. Es decir, la industria no solo es de las que menos recurso hídrico consume, sino que también es de las pocas actividades económicas que tienen por obligación adelantar inversiones en lo ambiental, y sin perjuicio de no ser una industria infalible, pues en términos generales procuran trabajar bajo unos estándares internacionales.
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Pero infortunadamente la gente sí cree que tiene que escoger entre petróleo y agua…
Y si a uno le ponen a escoger, pues es evidente que uno no escoge el petróleo. Pero repito, ese es un dilema que parte de una premisa que es mentirosa, que es engañosa, y que lo que termina es aprovechándose del desconocimiento de la gente.
La consulta popular de Cajamarca es un tema emblemático. A la gente la convencieron de ese dilema: mina de oro o contaminación y destrucción. Y la mayoría dijo no a la mina de oro. Pero un mes después, la realidad indica que se fueron los inversionistas, no hay empleo ni perspectivas de desarrollo. En cambio, llega la minería ilegal. Esas son consecuencias de no explotar racional y legalmente el suelo y el subsuelo de donde uno vive...
La mayoría de los colombianos no tiene claro lo que significaría para el país sacar a patadas al sector minero-energético, y en particular a la industria petrolera. Y aunque esta industria representa alrededor del 6 o 7 por ciento del PIB, durante más de una década ha sido la actividad económica que más ingreso le proporciona al Estado colombiano. En el 2013, los aportes de esta industria terminaron siendo equivalentes al 23 por ciento de todos los impuestos que se pagan a la Nación, sin perjuicio de regalías y sin contar los dividendos de Ecopetrol.
Entonces, ¿qué pasa si sacamos a la industria petrolera a patadas?
Que es lo que algunos se han propuesto... Eso se termina traduciendo en menos recursos de inversión, en una balanza comercial difícil de volver a equilibrar y, necesariamente, en más impuestos para todos los colombianos. Lo que esta industria no paga en impuestos lo terminamos pagando los colombianos de nuestro bolsillo.
Pues ya lo estamos haciendo…
Sí. Prueba de ello son las dos últimas reformas tributarias, mediante las cuales el Gobierno buscó compensar la caída en la renta petrolera. Entonces, el dilema no es entre agua y petróleo, el dilema es si nosotros queremos más desarrollo o más pobreza; si queremos más impuestos o menos impuestos. Es decir, es una definición que toca directamente con la calidad de vida de los colombianos.
Pero hay una cosa que no entiendo. Desde la ley 620 del 69, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el subsuelo es propiedad de la Nación. ¿Cómo pueden los habitantes de un municipio decidir si se explota un subsuelo que le pertenece a todo el país?
Así es. Los recursos del subsuelo son de todos los colombianos y las formaciones geológicas no coinciden con divisiones político-administrativas de los municipios o los departamentos. Por eso, hay bloques petroleros que abarcan varios municipios o dos departamentos. Entonces debemos entender que un municipio –por más que sea copropietario del subsuelo, porque el dueño del subsuelo es el Estado colombiano– no debe poder de manera autónoma y excluyente decir qué pasa con ese subsuelo. Además, porque el costo que implica para la Nación y para todos los colombianos bloquear la actividad en esa área, el municipio no tiene cómo compensarlo. Dicho de otra manera, con petróleo a Colombia le va bien, pero sin petróleo a Colombia le va mal y todos perdemos.
Hay gente que quiere estatizar la industria petrolera. ¿Por qué sería malo para el país?
La industria petrolera requiere no solo de mucho conocimiento y experiencia, sino de mucho capital. Porque son inversiones muy cuantiosas. Le doy un ejemplo, un pozo exploratorio en tierra cuesta entre 6 y 10 millones de dólares, uno afuera cuesta 250 millones de dólares, y todavía no está usted invirtiendo para producir. Nosotros tenemos una empresa que ha ido madurando y se ha ido consolidando y adquiriendo conocimiento, como es Ecopetrol. Pero si no hubiese sido por la inversión extranjera y por las empresas extranjeras, la industria petrolera en Colombia nunca se habría desarrollado.
O sea, la vieja tesis del Eln ha quedado desvirtuada por los hechos…
Voy para allá. En estos 100 años, los grandes descubrimientos, La Cira Infantas, Caño Limón, Cusiana- Cupiagua, todos se dieron gracias a empresas privadas. Y en los últimos 15 años, para no ir más lejos, cuando Colombia logra doblar su producción, pasar de un poco más de 500.000 barriles diarios a más de un millón de barriles, eso se hizo por unas reformas que se introdujeron en el país y que permitieron no solo la llegada de capital extranjero, sino además que Ecopetrol entrara a competir con estas empresas, e incluso asociarse con empresas extranjeras. Eso no se hubiese podido lograr sin contar con el conocimiento y el capital extranjero.
¿Quién puede oponerse a esa realidad?
Sí hay quienes están detrás de un cambio en el modelo económico, no solo de la industria extractiva, sino del país, y la punta de lanza de ese objetivo es aburrir a las empresas extranjeras. Lo oímos en la consulta popular de Cumaral y lo estamos apreciando en distintos movimientos que hay en Putumayo y en otras regiones, bajo el estribillo de ‘Queremos chicha, queremos maíz, multinacionales fuera del país’. Y ahí coinciden entonces grupos de izquierda, totalmente alineados con el discurso estatista del Eln, y con lo que yo llamo el nuevo corazón de las Farc. Es decir, ahí existe un propósito deliberado que lo que busca, básicamente, es un cambio en el modelo y eso sería una profunda equivocación.
¿Cuál es la comparación de Colombia con Venezuela en toda esta historia? Es bueno que el Eln la sepa, ya que se la pasa volando nuestros oleoductos y derramando el petróleo...
Colombia y Venezuela comparten en términos generales la misma formación geológica. Pero en el caso de Venezuela, el petróleo y el gas lograron migrar de las rocas productoras de hidrocarburos y ubicarse en un nivel más accesible para poderlos explotar.
¿Y eso por qué pasó? O sea, es como si el petróleo se hubiera chorreado para allá…
Más o menos. En el caso de Colombia pareciera que tenemos una perspectiva muy interesante de petróleo y gas en la misma formación geológica, pero que terminó siendo una roca totalmente no porosa y no permeable y, por lo tanto, ahí hay un recurso que está atrapado. La única forma de sacarlo es mediante el ‘fracking’, pero eso será motivo de otra entrevista. En el caso de Venezuela, ellos tienen reservas probadas, que son aquellas que pueden, de la noche a la mañana, convertir en producción, de alrededor 240.000 millones de barriles. Eso les da para producir 100 años, si quieren. En el caso de Colombia, tenemos 1.665 millones de barriles, que nos dan, si nos va bien, para 4 o 5 años de producción.
¿Cuánto petróleo aporta Colombia al comercio mundial, y cuánto Venezuela?
Venezuela está produciendo alrededor de 2 millones y medio de barriles diarios, nosotros estamos por lo pronto en un promedio de 840.000 barriles, de un mercado de 95 millones de barriles diarios, que es lo en este momento se está ofreciendo y que tiene demanda.
¿Qué propone como presidente de su gremio, para que nosotros nos desestanquemos?
Entender la importancia de esta industria y darle la prioridad que requiere. Nosotros no somos un país petrolero, pero tenemos petróleo y tenemos gas. Y tenemos suficiente para abastecer nuestras necesidades y para exportar. Pero existe un riesgo de perder esa autosuficiencia y, al paso que vamos, a partir del 2021 vamos a tener que importar petróleo y gas. Ese es un escenario que puede ser catastrófico para el país. Debemos volver a ser competitivos. Esta industria ha perdido competitividad.
¿Cómo recuperarla?
Con tres decisiones: la primera es tener un régimen fiscal más competitivo. Mientras en el golfo de México la carga fiscal sea del 52 por ciento y en Perú del 45 por ciento, nosotros no podemos seguir teniendo una carga fiscal para esta industria del 70 por ciento. Lo segundo, superar la inseguridad jurídica que en este momento existe por cuenta de fallos de las cortes, por cuenta de consultas populares y por cuenta de no precisar cuáles son las competencias de la Nación y los territorios frente a una industria que es estratégica. Y lo tercero, aplicar la ley en territorio. Infortunadamente, los paros, los bloqueos y las denominadas vías de hecho se han convertido en un mecanismo permanente de extorsión de esta industria. Y en la medida en que las empresas no puedan operar en territorio, pues va a ser muy difícil que recuperemos la competitividad.
La baja del precio del petróleo fue uno de los factores que encaramó el dólar a más de 3.000 pesos. ¿Por el factor petróleo, lo ve subiendo más?
Sí, cayó el petróleo. Una de las razones por las cuales estamos produciendo un promedio de 840.000 barriles diarios y no más de 1 millón es porque hay un volumen importante de barriles que son muy costosos de producir en Colombia, con los actuales precios internacionales. Si estos vuelven a caer en lugar de repuntar, tendremos una producción que está en riesgo, con sus consecuencias.
Pero la semana pasada acaban de volver a caer...
Sí, es muy preocupante porque estamos entre 42 y 45 dólares el barril.
A eso súmele los fenómenos sociales, el populismo político...
Por todo eso y por el régimen fiscal, llevar un barril a puerto es una odisea. Entonces, ¿cuál es el desafío? No ser tan dependientes de lo que ocurra con los precios internacionales. Hoy día estamos casi a diario pegados del techo por lo que ocurra con ellos.
¿Y cómo hacemos para despegarnos de los precios internacionales?
La manera de no ser dependientes es reducir los costos de producción en Colombia, y eso se hace, básicamente, si tenemos un régimen fiscal más competitivo, si hay infraestructura, si se aplica la ley en territorio y si además hay seguridad jurídica. Porque todos estos factores hacen que se traduzca en costos para las empresas y nos restan competitividad.
Fuente: Eltiempo.com / María Isabel Rueda
