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¿Es realista decir que en 15 años habrá transición energética en el país?

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Habla Francisco José ‘Kiko’ Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas.Habla Francisco José ‘Kiko’ Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas.Francisco José ‘Kiko’ Lloreda es el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Asegura que “una transición energética en el país no se dará en 12 años ni en 15, eso es falso. Incluso para el año 2050 continuaremos utilizando petróleo, gas, carbón”.
 
Usted representa la Asociación Colombiana de Petróleos. Aclarando los intereses gremiales que lógicamente usted pueda tener, ¿qué opinión le merece que el propio Luiz Inácio Lula da Silva le haya dicho a Petro: “Su propuesta de detener la exploración petrolera es irreal”?
 
Es un sinsentido condenar a muerte la industria del petróleo y gas en Colombia. Si hay una lección que empiezan a darnos la guerra en Ucrania y la incertidumbre energética de Europa es que el mundo va a continuar necesitando del petróleo y del gas durante muchos años. Y que si un país puede ser autosuficiente en materia energética, debe hacer lo que esté responsablemente a su alcance para lograrlo. La situación de Europa, que depende un 40 % del gas ruso y un 30 % del petróleo ruso, en este momento plantea una nueva realidad energética a nivel global, y que debemos entender.
 
¿Y que es cuál?
 
Que el mundo va a continuar necesitando del petróleo y del gas, al tiempo de otras fuentes energéticas que ya debe estar explorando e implementando. Pero no es de un día a otro que se abandonan las primeras para pasarse a las segundas. Por lo demás, partamos de una premisa: Colombia cuenta con una de las matrices eléctricas más limpias del mundo. Dependiendo de la época del año, alrededor del 70 % de su electricidad se genera con hidroeléctricas. Ya lo quisieran varios países del mundo. Han ido creciendo, además, la eólica y solar. Pero el gas natural continúa siendo la fuente de respaldo del sistema eléctrico. Si prohibiésemos mañana generar electricidad con gas natural, dejaríamos al país sin electricidad en las mañanas y en las noches, en las horas pico. Y tenemos que recordar una cosa: a diferencia de lo que pasa en Europa, nosotros, cuando revisamos cómo se originan esos gases de efecto invernadero, ese 0,04 %, ¿qué encontramos? Que el 12 % tiene que ver con movilidad, alrededor del 8 % con actividad energética y el 59 % con emisiones de gases de efecto invernadero, relacionados con la agricultura, con la ganadería, con la deforestación, con la minería ilegal, con el mal uso de la tierra. En contraste, Europa lidera la agenda de emisión del cambio climático; lo hace porque, en el caso de ellos, el grueso de las emisiones sí tienen que ver con energía, que no es el caso de Colombia. Todo lo anterior, no para soslayar la importancia del cambio climático. Sin duda alguna, nuestra industria petrolera debe estar comprometida, y lo está, en inversiones de sostenibilidad.
 
¿Y usted cómo prevé que va a resultar esa crisis en Europa, al haber tomado la decisión de prescindir de la importación de combustibles de Rusia? ¿Eso cuánto se puede sostener?
Europa está buscando la manera no solo de sustituir gradualmente el gas y el petróleo que importa de Rusia, sino reconsiderando fuentes de energía que ya había proscrito, como la energía nuclear; incluso, hay un debate en Europa sobre la técnica del fracking. Porque lo que un país no puede hacer es dejar a sus habitantes sin energía, y Europa ha estado ad portas de quedarse sin diésel. Tiene una gran incertidumbre respecto del gas, del petróleo, y el mundo está buscando la manera de ver cómo le ayuda a sustituir esas importaciones rusas.
 
¿Y eso qué tiene que ver con Colombia?
 
Hoy en día somos autosuficientes en petróleo y además exportamos. Somos autosuficientes en gas, aunque en algunos periodos del año importamos gas para la región Caribe. Pero Colombia, con petróleo y con gas, no tiene sentido que condene a esta industria a languidecer. Porque principalmente, además, el principal perjudicando termina siendo el ciudadano más pobre.
 
Sí. Pero del otro lado hay millones que en el mundo piensan que si no hacemos algo al respecto, pues el planeta se va a acabar. ¿Cómo se compaginan las dos posiciones?
No son incompatibles. Al tiempo de impulsar medidas que permitan reducir las emisiones de gas con efecto invernadero, debemos continuar garantizándole al país fuentes de energía que le permitan funcionar. Colombia aporta entre el 0,04 % y el 0,06 % de los gases efecto invernadero a nivel global. Tenemos una labor muy importante por cumplir y se está cumpliendo. Pero así nos paremos en las pestañas, si otras regiones, como Asia, que emite el 53 % de gases efecto invernadero; o Norteamérica, el 18 %; o Europa, el 17 %, no hacen lo que les corresponde, pues el impacto nunca será el deseado. Pero si terminamos forzando una transición energética, eso puede tener unos costos muy altos, repito, para la población más necesitada de Colombia. Y le digo por qué: si perdemos la autosuficiencia energética en hidrocarburos, más temprano que tarde eso se vería reflejado en el incremento de los costos del gas natural, en más de once millones de hogares colombianos, y de la misma manera ocurriría con el gas líquido propano, los cilindros de GLP, que llegan a 3,5 millones de colombianos. Hoy, con los niveles de pobreza que tenemos y con los niveles de endeudamiento y de déficit fiscal, no es responsable prescindir de esos recursos, sin condenar a los colombianos a que paguen unas fuentes de energía más costosas de las que hoy ya pagan. Y hay una cosa: hoy el precio del galón de gasolina en Estados Unidos y en otros países está entre cuatro y cinco dólares el galón, unos dieciocho a veinte mil pesos. En Colombia estamos pagando la mitad, en la corriente y el diésel. No se ha entendido que casi en un cincuenta por ciento ese galón está siendo subsidiado por el Gobierno.
 
 
¿Es realista pensar en una transición a doce o quince años vista?
No se dará en doce años ni en quince, eso es falso. Incluso para el año 2050 vamos a continuar utilizando petróleo, gas, carbón, independiente de que las fuentes renovables crezcan de manera exponencial. En parte porque la población no se queda estática, y porque el mundo cada día consume más energía, porque busca mejor calidad de vida.
 
¿Por qué los ‘antifracking’ están contra los pilotos, que son precisamente los exámenes que están en marcha para que sepamos de verdad si este método extractivo hace daño o no?
Temen que los pilotos los desmientan y que terminen demostrándole al país que el fracking se puede hacer bien hecho. Y como ese se ha convertido en una bandera política...
 
Finalmente, estamos ad portas de que el Congreso vuelva a votar por algo que ya divide fuertemente a la opinión: el Tratado de Escazú. ¿Por qué despierta tantas pasiones?
 
El Acuerdo de Escazú incorpora una serie de disposiciones normativas, relacionadas con la defensa y la protección de los derechos humanos, con la participación ciudadana y el acceso a información en temas ambientales; también con la garantía de la protección del medioambiente, entre otros aspectos que uno podría considerar loables. Pero es un tratado innecesario e inconveniente para el país.
 
A ver. Con todas esas virtudes, ¿por qué podría ser innecesario e inconveniente?
 
Porque Colombia cuenta ya no solo con una muy buena normatividad, en especial comparada con otros países de la región, sino porque el tratado puede ser un instrumento que, mal utilizado, conduciría a dificultar la realización de distintas actividades de carácter económico. No me refiero solo a petróleo y gas. Por esa razón, el Consejo Gremial Nacional en pleno, incluidos sus treinta gremios, han manifestado no solo su preocupación, sino solicitado respetuosamente al Congreso de la República no aprobar el tratado, y más bien que Colombia, durante un tiempo, cumpla un papel de observador.
 
Sigo sin entender. ¿Por qué este acuerdo, que va dirigido a cuidar el medioambiente y a sus cuidadores, es malo?
Para cumplir esos propósitos, Colombia ya cuenta con una normatividad y con tratados internacionales.
 
Pero no alcanzan, pues la deforestación es tenaz, el asesinato de líderes ambientales también…
 
Por el hecho de que se ratificare el tratado de Escazú, infortunadamente, esos desafíos no van a desaparecer. Colombia cuenta con varios tratados internacionales de respeto, defensa y protección de los derechos humanos, pero infortunadamente seguimos sufriendo hechos de violencia contra defensores del medioambiente y de derechos humanos. Es ingenuo creer que suscribiendo un tratado, eso va a cambiar. Y, por el contrario, quedan abiertas una serie de compuertas peligrosas.
 
Entiendo, por ejemplo, que el acuerdo permite que se pueda exigir cualquier información pública o privada de particulares, empresas grandes o pequeñas, nacionales o extranjeras que estén haciendo operaciones de tipo minero-ambiental. La información confidencial sería entonces pública. ¿Es malo que la gente, el pueblo, la comunidad participen en las decisiones que tienen que ver con su entorno y la forma cómo se va a manejar?
 
El acuerdo deja muchas zonas grises, entre ellas la que usted menciona, relacionada con la información. Por supuesto que el acceso a información pertinente ambiental tiene todo el sentido. Pero ¿dónde se traza la raya respecto a información de carácter privado, incluso de las operaciones de las empresas, que pueden ser incluso confidenciales, porque incluyen estrategias y competencias? Eso no es claro. Pero hay un tema que es de los más preocupantes, y es que Colombia, como es de público conocimiento, hace unos años denunció el pacto de Bogotá.
 
¿Y eso qué implica, en materia de la firma del Tratado de Escazú?
 
Pues que Colombia tomó la decisión de retirarse de la Corte Internacional de Justicia, por sus sesgos. Todavía quedan algunos procesos vivos bajo su jurisdicción, porque el retiro no es automático. Y el Acuerdo de Escazú volvería a reconocer competencia de la Corte Internacional de Justicia, lo cual es un absurdo…
 
¿Por qué?
Porque se le reconocería competencia a la Corte para dirimir controversia entre las partes, o sea, entre Estados, en temas ambientales. El tratado establece que, o lo sería la propia Corte Internacional de Justicia, o un tribunal que está por crearse en el marco del Acuerdo de Escazú. Eso equivale a que Colombia firme un cheque en blanco. Ya con Ecuador nos fue bastante mal. Demandó a Colombia por un supuesto daño transfronterizo por fumigación con glifosato, y el sesgo de la Corte a favor de Ecuador era tan claro que preferimos llegar a un acuerdo pagándole un dinero. Colombia a veces ha sido muy apresurada suscribiendo tratados internacionales. Y más cuando comparativamente, a nivel regional, en el tema ambiental contamos con una buena normatividad, que puede robustecerse y mejorarse, claro está.
 
Usted ha expresado que vamos a una situación en la que quien se oponga al Tratado de Escazú va a ser considerado un verdugo del planeta. Pero aunque sus fines son loables, su letra menuda contiene un arsenal de instrumentos para conducir al país a la parálisis de su desarrollo. O sea, ¿una especie de dictadura de ambientalismo fundamentalista?
Sí. Las normas pueden establecer instrumentos con fines loables, pero lo que la experiencia nos ha señalado es que al menos en el caso de Colombia, se abusa de esos instrumentos, y le puedo dar varios ejemplos: la consulta previa, un instrumento loable, pero del que se abusa permanentemente, convirtiéndolo en muchos casos en un mecanismo extorsivo. Las tutelas: acabamos de ver que un juez de tutela, sin tener la competencia para determinar si hay comunidades o no indígenas en el municipio de Puerto Wilches, porque es competencia del Ministerio del Interior, termina frenando dos proyectos pilotos de fracking. Y así podría darle varios ejemplos. Entonces, si bien las normas colombianas ya permiten la figura del tercer interviniente, lo cierto es que no cualquier organismo no gubernamental del orden nacional debe poder intervenir en los procesos administrativos, porque las posibilidades de obstaculizar proyectos de desarrollo se incrementan. Terminaríamos con consultas previas para todos los proyectos de infraestructura, de desarrollo agrícola, por ejemplo, y no únicamente del sector petrolero y del gas, al que represento.
 
 
 
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
​@MIsabelRueda